Las ciudades son un espacio maravilloso para vivir, son el escenario principal de las actividades que nos hacen más humanos y el ámbito donde todo el mundo sin excepción desarrolle su vida en condiciones de calidad e igualdad de oportunidades. Tarragona no es una excepción, a pesar de que seguramente tampoco es la norma porque pocas ciudades tienen una historia urbanística con espacios tan poco cohesionados y con tantas diferencias territoriales entre el ámbito de Poniente, más industrial y denso, y Levante, en un entorno más natural y menos urbanizado.
Definir el modelo de ciudad que queremos incide directamente en nuestra calidad de vida. Por ello en la planificación urbanística hay que aplicar criterios de igualdad, justicia social y solidaridad. De hecho, el instrumento de participación pública más importante para diseñar nuestro territorio es el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM), una herramienta de planificación que garantiza la aportación ciudadana y multisectorial.
En el caso de Tarragona, hay que reconocer que la última revisión fue compleja y, en sus momentos iniciales, poco ejemplar. De hecho, recuperando hemeroteca es fácil recordar como la primera aprobación inicial del POUM generó fuertes y duras críticas sociales y políticas por planteamientos considerados agresivos con el territorio y que eran de difícil justificación desde el bien común. Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento hace ahora diez años y el acceso de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) a la alcaldía, se reformularon las propuestas y se reiniciaron los trabajos con la voluntad de elaborar un nuevo proyecto de POUM más próximo a la ciudadanía, y que supuso salvaguardar elementos fundamentales para la ciudad, como la anilla verde.
La ronda de contactos con asociaciones de vecinos, con la Coordinadora de Afectados del POUM, y con otras entidades y representantes sociales fue intensa. También se organizaron jornadas de debate abiertas a todo el mundo bajo el lema “Participa en la Tarragona del futuro”. Así pues, en las últimas fases de la revisión del POUM el alcalde Ballesteros abrió un espacio de encuentro con la ciudadanía, reforzando el proceso de información, participación, debate y reflexión hasta cerrar un documento razonablemente bueno en el año 2013. De hecho fue aprobado por unanimidad y obtuvo el nada fácil y exigente visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña, donde están representadas personas de reconocido prestigio profesional o académico que siempre tiene algo que decir y aportar en un proyecto tan importante.
El urbanismo no se puede cambiar cada día, ni siquiera cada año. Hay que planificar a décadas vista y saber hacia dónde vamos. Y la conclusión que hemos ratificado colectivamente y después de este largo proceso de la última revisión del POUM es que los mejores terrenos para construir nuevas viviendas en Tarragona siguen siendo los situados en Levante. Es la zona de mayor posibilidad de crecimiento urbano, siempre de forma racional y respetuosa con la normativa y con el entorno, garantizando una buena movilidad y cohesión con la trama existente y salvaguardando la anilla verde. Por esta razón se planificó el polígono urbanístico de la Budellera, actualmente en trámite, con un crecimiento importante que debe hacerse por fases y donde se prevén alrededor de 800 viviendas con alguna modalidad de protección social.
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el mismo derecho a disfrutar de las ventajas climáticas, medioambientales, paisajísticas o de proximidad al mar que la zona de Levante tiene. De hecho, es una filosofía que la empezó a poner encima la mesa el alcalde socialista Josep Maria Recasens en el POUM del primer ayuntamiento democrático en 1979, a pesar de que la prioridad en aquellos momentos fue ligar y acabar la trama urbana y hacer posible la integración social en Poniente. A nadie se le escapa que vivir entre la anilla verde y el mar Mediterráneo o entre la red de autovías y el complejo industrial petroquímico es diferente. Igualmente digno, pero diferente ambientalmente.
Es por ello que me cuesta entender la oposición radical a la Budellera. Desde mi punto de vista, querer paralizarla es apostar por una ciudad injusta y elitista. Reivindico el derecho de los jóvenes de Tarragona a poder optar a tener un balcón mirando al mar, en pisos asequibles de 90 metros cuadrados y sin pagar precios desorbitados. Creo que las nuevas generaciones deben poder elegir entre quedarse en su barrio, mejorado y rehabilitado (en eso estamos de acuerdo), o poder moverse dentro de su misma ciudad a una zona más nueva y ambientalmente mejor.
Cuál es la razón para querer condenar a las nuevas generaciones a sólo una opción? Queremos realmente una sociedad igualitaria y justa, o escondemos mantener privilegios detrás de falsos discursos de un urbanismo teóricamente más social? En la Tarragona más justa que yo defiendo, todo el mundo debe tener la posibilidad de vivir en Levante.
Begoña Floria
Concejal y Portavoz del Grupo Socialista. Ayuntamiento de Tarragona